La Agencia Tributaria enviará una carta a quienes tienen que presentar la declaración por primera vez explicándoles la situación problemática existente para ellos y la posibilidad de fraccionamiento de pago. Los tradicionales dos plazos se han ampliado a seis.
Están obligados a presentar declaración quienes ingresaron, durante el ejercicio 2020, más de 22.000 euros de un solo pagador. Ahora bien, cuando cuentan con dos o más pagadores, incluido el SEPE, ese límite se reduce a 14.000 euros si el importe percibido por el segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros. Hay que tener en cuenta que la prestación de desempleo percibida en un ERTE se califica como rendimiento del trabajo y tributa en la declaración de la renta, y que además el SEPE no retiene, con lo que habrá aproximadamente 327.000 trabajadores que se van a ver obligados a presentar declaración por primera vez, y les va a salir a pagar. A eso se añade que hay trabajadores que han estado en ERTE percibiendo pagos de más del SEPE que deberán regularizar fiscalmente dicha situación.
Si lo necesita puede contactar con nuestro Departamento Fiscal para que nuestros expertos tributarios le orienten sobre este tema.
Hay varios plazos en atención a la fórmula elegida para confeccionar la declaración. Así:
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El Tribunal Supremo ha declarado, en una reciente sentencia referida a una multinacional de la mensajería, que las empresas no pueden cambiar las variables del salario sin contar con los representantes de los trabajadores, en definitiva, deben comunicar y explicar previamente a estos cualquier cambio en los criterios de remuneración de la parte variable de una nómina. Lo contrario supone una modificación unilateral de la empresa sin amparo legal.
En una reciente sentencia el Tribunal Supremo ha establecido que los intereses de demora son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, con lo que se pone fin a una vieja polémica que se ha mantenido a pesar de los cambios normativos y que había generado resoluciones contradictorias de distintos Tribunales Superiores de Justicia. La Sentencia anula una del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y concluye que los intereses de demora no son gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, sino que están correlacionados con los ingresos y conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, por tanto, serán deducibles. Las empresas podrán reclamar ahora este tratamiento fiscal de los intereses de demora en los cuatro últimos años del Impuesto de Sociedades.
La Audiencia Nacional, en una reciente sentencia, reconoce el derecho a rectificar la autoliquidación del Impuesto de Sociedades con posterioridad a su presentación inicial al objeto de compensar las pérdidas de años anteriores con beneficios actuales. Hasta ahora liquidación presentada, liquidación que no se tocaba por el contribuyente Esta resolución asegura que la aplicación de un beneficio tributario es un derecho, por lo que los contribuyentes pueden incluir un beneficio que en origen no tuvieron en cuenta o lo hicieron en una cuantía inferior que menoscababa sus intereses, así se pueden incluir deducciones que en su momento no incluyeron..
La sentencia valora que se produce un choque entre los artículos 119.3 y 120.3 de la Ley General Tributaria. El primero establece que no se podrán rectificar con posterioridad fuera de plazo al no considerarlo un derecho, sino una opción más en loas obligaciones tributarias de una sociedad, mientras que el segundo de los artículos citados contempla que si una autoliquidación ha perjudicado intereses legítimos se podrá instar su rectificación. En consecuencia la Audiencia Nacional considera así las bases imponibles negativas como un derecho no siendo susceptible de limitación temporal.
El Tribunal Supremo concluye que se trata de un permiso no retribuido. En su sentencia de 9 de diciembre de 2020, recuerda que el art. 37.3.d) ET establece que el trabajador, previo aviso y justificación, puede ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.
Es decir, la existencia de este permiso se vincula a que el deber que deba cumplir la persona trabajadora sea:
Para la Sala, los deberes surgidos de las obligaciones familiares y de cuidados -fruto de las relaciones de filiación (art. 110 CC) o del deber de alimentos entre parientes en sentido amplio (art. 142 CC)- a los que cabría ligar la actividad que genera el derecho al permiso aquí controvertido, no solo no obligan a su prestación personalísima e insustituible de los deudores de los mismos, sino que difícilmente pueden ser configuradas como obligaciones de carácter público. Por el contrario, pertenecen al ámbito privado y familiar y, por ello, estamos ante un permiso alejado por completo de la previsión específica del art. 37.3.d) ET.
El Juzgado de lo Social número 6 de Santander ha declarado procedente el despido de una trabajadora de la sección de pescadería de un supermercado, por no seguir las indicaciones de su superior para que se colocara adecuadamente la mascarilla, para prevenir un contagio de coronavirus, y dirigirse en tono amenazante a la clienta que lo había denunciado.
En una sentencia notificada recientemente, la magistrada considera que la actuación de la trabajadora “debe encuadrarse dentro de las faltas muy graves” que llevaron a la empresa a despedirla, informa Efe.
Según el relato de la sentencia, en mayo del año pasado una clienta del establecimiento “se dirigió a la responsable de la tienda para quejarse de que la dependienta de pescadería, al decirle que no llevaba bien puesta la mascarilla, puesto que la tenía por debajo de la nariz, le había contestado que ella (la clienta) no era policía para decirle lo que podía hacer”. Ante esta situación, la encargada se dirigió junto con la clienta a la sección de pescadería y “recriminó a la empleada el uso incorrecto de la mascarilla y el trato a la clienta”.
Entonces, según recoge la sentencia, la dependienta se dirigió a la cliente con expresiones como “si no te gusta, te vas” o “si quieres lo arreglamos en la calle, sin uniforme”. La encargada del establecimiento “intentó calmar a la actora, sin conseguirlo” y, finalmente, se fue con la clienta, a la que pidió disculpas.
La empresa consideró que la trabajadora había cometido tres faltas graves: vulneración de las normas de seguridad; falta notoria de respeto o consideración al público, y malos tratos de palabra u obra. Además, la empresa acusó a la empleada de abuso de autoridad, falta de respeto y consideración a jefes, compañeros y público en general.
Por ello, en junio le fue comunicado el despido disciplinario. La juez consideró la actuación de la empleada como una falta grave que le imputó la empresa. El fallo dice que la mujer “estaba trabajando con un producto no envasado, el pescado, por lo que debe respetar la prevención de riesgos laborales de la empresa”.
La prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos durará hasta que la comunidad autónoma correspondiente levante las restricciones a la actividad. Este tipo de protección por desempleo a estos pequeños empresarios y trabajadores terminará en el mismo mes en el que la administración dé por finalizadas las medidas que limitan la actividad económica, en el caso de que así lo permita la pandemia.
El Gobierno rectificó este punto sobre la extensión de la cobertura del cese de actividad de los trabajadores autónomos en el real decreto ley que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado con las medidas que el Consejo de Ministros aprobó el martes. Medidas como el nuevo complemento de maternidad en la pensión de las trabajadoras, la ampliación de la protección del Ingreso Mínimo Vital o la moratoria en el pago de los créditos para las familias, empresas y autónomos.
En el real decreto del pasado 26 de enero, en el que prorrogó hasta el 31 de mayo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el Gobierno estableció “por error, que la finalización de la prestación [extraordinaria de desempleo del autónomo] tendrá lugar el último día del mes siguiente al del levantamiento de las medidas de contención de la propagación del virus adoptadas por las autoridades competentes”. En la norma que publicó ayer, el Gobierno regula que la prestación extraordinaria para los autónomos debe terminar el mismo mes en el que termina las restricciones de actividad. No en el mes siguiente. Por ejemplo, en marzo o abril, si la situación sanitaria lo permite. No hace falta llegar a la fecha tope del 31 de mayo, que es cuando se terminan todas las prórrogas de los ERTE y de la protección extraordinaria de los autónomos por cese de actividad.
El Gobierno explica en el real decreto de ayer el motivo de la decisión: “No existe justificación alguna para mantener el pago de una prestación extraordinaria vinculada al cese de actividad [de los autónomos] cuando desaparecen los requisitos que provocan su otorgamiento”.
La transparencia representa, sin duda, uno de los nuevos valores llamados a encauzar, en el siglo XXI, la implementación y mejora de la calidad de nuestro “Estado Social y Democrático de Derecho”.
Un valor que nos integra, plenamente, en la Agenda de la Unión Europea, especialmente en la denominada “Europa de los ciudadanos” y en el desenvolvimiento de su “Modelo” de protección social de los consumidores. Un valor que, en suma, resulta ya imprescindible para afrontar, con éxito, las reformas estructurales necesarias para que la “recuperación” económica sea una realidad próxima y consolidada.
Desde estas perspectivas del valor de la transparencia, además de su misma plasmación como valor de la ciudadanía, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, junto con los demás Colegios Profesionales y la colaboración de vLex, organiza este Primer Congreso como un auténtico “Cluster” para la implementación y el análisis práctico de la transparencia y su proyección “transversal“ en la sociedad.
Un Congreso de “excelencia y vanguardia científica” que bajo la dirección magistral del Profesor Javier Orduña Moreno, máxima autoridad académica en la materia, va a abordar la “interpretación extensiva” de este gran valor, en todos y cada uno de sus principales ámbitos de aplicación: jurídico, económico, tecnológico, político y social.
Un Congreso de “todos y para todos”, de libre acceso y de divulgación gratuita en toda su extensión: ponencias, debates, recomendaciones y conclusiones.
Un Congreso, en definitiva, de progreso y avance, de información y comunicación entre todos los que pensamos que el mejor futuro es el que se construye, desde el presente, con la implementación de los nuevos valores que nos cohesionan como sociedad y ciudadanos libres.
Más información: https://www.icab.cat/es/formacion/cursos/I-Congreso-sobre-el-principio-de-transparencia-en-la-contratacion-predispuesta-y-su-proyeccion-como-valor-transversal-en-la-sociedad/